Los pequeños empresarios de Zona Franca de Iquique piden que la empresa a cargo de administrar el recinto franco, rebaje en un 50% el precio de los arriendos. Las protestas han sido constantes, pero la solución finalmente no ha llegado, por lo que las acciones de las pymes continúan.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado una querella criminal por delitos tributarios en contra de Luis Edgardo Hermosilla Osorio, María Leonarda Villalobos Mutter y Luis Alberto Angulo Rantul. La acción legal alega que los querellados presentaron declaraciones anuales de impuesto a la renta que habrían sido maliciosamente falsas, lo que habría causado un perjuicio fiscal que supera los $1.015 millones, afectando considerablemente al erario público. Esta querella marca la primera acción judicial de la entidad en el contexto del denominado “caso Audios”, un escándalo que estalló tras la filtración de una grabación en la que se discuten pagos de sobornos a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero. La abogada María Leonarda Villalobos, utilizando el alias N3m3s1s, grabó y filtró la conversación, que tuvo lugar en el estudio del abogado Hermosilla junto al empresario Daniel Sauer. De acuerdo con la querella, Hermosilla, un abogado con vasta experiencia, habría subestimado significativamente sus ingresos en las declaraciones de renta correspondientes a los años tributarios 2020 a 2024, evadiendo más de $800 millones en impuestos. Por su parte, Villalobos Mutter, abogada y esposa de Angulo Rantul, también es acusada de subdeclarar sus ingresos y de manipular la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios Commercia SpA, de la cual su esposo es representante legal. Esta compañía habría utilizado facturas de empresas fantasmas para registrar compras y ventas ficticias, resultando en una declaración fraudulenta de pérdidas por $770 millones. El SII destaca que los delitos imputados no fueron accidentales, sino el resultado de maniobras deliberadas y repetidas, realizadas con pleno conocimiento de sus obligaciones tributarias. Las acciones fraudulentas se habrían llevado a cabo durante varios años fiscales, lo que refuerza la gravedad del caso y subraya el daño infligido al fisco chileno.
Los pequeños empresarios de Zona Franca de Iquique piden que la empresa a cargo de administrar el recinto franco, rebaje en un 50% el precio de los arriendos. Las protestas han sido constantes, pero la solución finalmente no ha llegado, por lo que las acciones de las pymes continúan.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) ha presentado una querella criminal por delitos tributarios en contra de Luis Edgardo Hermosilla Osorio, María Leonarda Villalobos Mutter y Luis Alberto Angulo Rantul. La acción legal alega que los querellados presentaron declaraciones anuales de impuesto a la renta que habrían sido maliciosamente falsas, lo que habría causado un perjuicio fiscal que supera los $1.015 millones, afectando considerablemente al erario público. Esta querella marca la primera acción judicial de la entidad en el contexto del denominado “caso Audios”, un escándalo que estalló tras la filtración de una grabación en la que se discuten pagos de sobornos a funcionarios del SII y la Comisión para el Mercado Financiero. La abogada María Leonarda Villalobos, utilizando el alias N3m3s1s, grabó y filtró la conversación, que tuvo lugar en el estudio del abogado Hermosilla junto al empresario Daniel Sauer. De acuerdo con la querella, Hermosilla, un abogado con vasta experiencia, habría subestimado significativamente sus ingresos en las declaraciones de renta correspondientes a los años tributarios 2020 a 2024, evadiendo más de $800 millones en impuestos. Por su parte, Villalobos Mutter, abogada y esposa de Angulo Rantul, también es acusada de subdeclarar sus ingresos y de manipular la contabilidad de la empresa Asesorías y Negocios Commercia SpA, de la cual su esposo es representante legal. Esta compañía habría utilizado facturas de empresas fantasmas para registrar compras y ventas ficticias, resultando en una declaración fraudulenta de pérdidas por $770 millones. El SII destaca que los delitos imputados no fueron accidentales, sino el resultado de maniobras deliberadas y repetidas, realizadas con pleno conocimiento de sus obligaciones tributarias. Las acciones fraudulentas se habrían llevado a cabo durante varios años fiscales, lo que refuerza la gravedad del caso y subraya el daño infligido al fisco chileno.