Gobierno aprueba uso de pistolas taser en casos de violencia intrafamiliar
Esto, en un plan piloto para que Carabineros las ocupe en situaciones de VIF, considerando que el uso de armas de fuego puede ser desproporcionado.
18 de febrero de 2025
Pocos días habían transcurrido de este 2025 cuando el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, lanzaba nuevamente sus dardos contra disposiciones del gobierno en materia de seguridad. En esa ocasión, por la utilización de las pistolas taser, armas de electrochoque no letales que provocan descargas eléctricas que incapacitan temporalmente a una persona.
“Tuvimos una carabinera herida por un arma blanca, eso en el mundo hoy día se puede evitar a través de la existencia y la autorización del uso por parte de la policía de armas no letales, llamadas armas taser o de inmovilización”, señaló el gobernador el pasado domingo 12 de enero.
Y si bien en La Moneda llevaban meses abordando el asunto, y de hecho ya se habían adquirido 30 de dichos dispositivos, fue al día siguiente de la elocución del otrora militante DC que el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán, anunció que durante el mes marzo partiría la implementación -en marcha blanca- de los polémicos dispositivos. Según dijo en ese momento, esto se llevaría a cabo por parte equipos territoriales y algunas unidades especializadas, excluyendo las orden público.
Con el correr semanas, eso sí, la disposición se acotó y el gobierno, en coordinación con Carabineros, definió que este plan piloto se aplicaría casos violencia intrafamiliar.
Esto, como pudo conocer La Tercera, ante concurrencias denuncias hechos esta naturaleza revisión medidas cautelares disposiciones respecto imputados condenados.De acuerdo fuentes consultadas medio definición responde especialmente casos de VIF.
Igualmente se definió que estas armas no podrán ser empleadas por parte de funcionarios que mantengan procesos administrativos judiciales vigentes o que hayan sido sancionados en el marco de casos de mal uso dispositivos excesivo fuerza. El funcionario en cuestión tendrá deber prestar auxilio persona sometida descarga trasladarlo recinto asistencial reciba atención caso requiera.
Su uso responde criterios operativos diseñados principios eficacia seguridad, asegurando actuar policial ajustado legalidad protección ciudadanía respeto irrestricto derechos fundamentales personas”.
Fuente: La Tercera Nacional
